El texto presenta un desfase de 3.200 millones con el
cálculo del Ejecutivo
En un documento de 44 páginas está la base
del plan del Gobierno para acometer una de las más profundas reformas de la estructura administrativa del país
en democracia. Se trata del informe que el Ejecutivo encargó al Instituto de
Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda, al que ha
tenido acceso El País y que sirvió de base para elaborar el anteproyecto de ley
que pretende poner patas arriba el ámbito local. Su hilo conductor es
exclusivamente el ahorro: “La medida que propugnamos, aunque afecta a las
competencias municipales, es, sobre todo, una previsión vinculada a la hacienda
local, cuyo objetivo es conseguir la eficiencia y la estabilidad
presupuestaria”, menciona. Pero la información que presenta es, además de
escueta, contradictoria con las propias conclusiones del Ejecutivo.
El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, a golpe de power
point y sin desglosar partidas, aseguró tras el Consejo de Ministros del
pasado 15 de febrero —donde se aprobó el borrador— que el impacto
económico de la reforma sería de 7.129 millones de euros entre los años 2013 y
2015. El cálculo más optimista del IEF sólo habla de 3.930 millones, 3.199
menos. Y siempre y cuando todos los ayuntamientos españoles con población
inferior a 20.000 habitantes dejen de prestar servicios en favor de otros
mayores (o de las Diputaciones) o lo hagan según un estándar de eficiencia. No
aborda el IEF la poda de los sueldos, pero esa partida apenas supone el 2% de
todo el recorte de gasto calculado.
El estudio, que no está firmado ni ha sido
dado a conocer por el Ministerio, parte de que el tamaño del Ayuntamiento es el
“factor esencial”, para la eficiencia a la hora de prestar cualquier servicio.
Da igual que se trate de un núcleo disperso de la montaña asturiana que otro de
la llanura castellana. “El trabajo parte de un estándar fijado tomando en
cuenta, de forma exclusiva, este elemento”, menciona, aunque después realiza
ciertas correcciones por la densidad de la población. Pero incluso con esa
variable sus conclusiones son totalmente dispares: los municipios extremeños de
entre 2.000 y 5.000 habitantes tienen costes mucho más competitivos que, por
ejemplo, los madrileños, valencianos o canarios.
Otra incongruencia se encuentra en lo que
respecta a Cataluña, una comunidad donde los Ayuntamientos prestan todos los
servicios por una media de 658 euros por persona. Sin embargo, los municipios
catalanes de menos de 5.000 habitantes son capaces de ejercer sus competencias
a un coste inferior, lo que ataca la base de flotación del anteproyecto de ley.
“En algunos casos el mayor gasto puede ser debido, ciertamente, a la
ineficiencia en la gestión. Pero también puede deberse a que un municipio
cuenta con mayores ingresos”, puntualiza Francisco Velasco, director del
Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid que ha publicado un análisis del mismo. Los
autores del documento descartaron de plano otra realidad fundamental: que en un
pueblo con una población más envejecida el coste de un servicio puede ser
mayor, o que una economía de escala pueda no ser eficaz siempre.
Expertos consultados piensan que se ha
despachado la cuestión con una propuesta claramente insuficiente realizada por
encargo directo del Ministerio de Economía sobre la base del ahorro. Una labor
de estas características “necesitaría de años de trabajo”, reflexiona un
catedrático. Sea como sea, el PP ya admite que la ola de rechazo que ha provocado el plan le
empieza a salpicar. El partido reconoce que “escuece” hasta en sus propias
filas.
